domingo, 19 de abril de 2009

LA NUEVA ESCLAVITUD EN ESPAÑA

Documental que muestra como en la democrática España se sacrifican los derechos humanos por el bien de la economía de unos cuantos.



REGIÓN MURCIA
La nueva esclavitud

La historia de Siny es la de muchos subsaharianos en época de crisis: son engañados en el campo por intermediarios sin escrúpulos a los que no pueden denunciar
20.03.09 - J. P. PARRA | MURCIA


Siny Sene, de 28 años, en la sede de la Asociación de Senegaleses. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM
«Nos pagaba un euro por caja de mandarina, y luego nos cobraba tres por llevarnos en la furgoneta»



Siny no ha cobrado el salario del último mes; el subcontratista que debía pagarle se esfumó de repente

Son malos tiempos para la justicia. Es la hora de quienes aprovechan la crisis para explotar al prójimo, de quienes, con instinto depredador, huelen la desgracia ajena y se disponen a sacar de ella el mayor provecho posible. Es la hora de quienes no sólo no están dispuestos a perder un sólo euro de beneficio, sino que se frotan las manos porque saben que a río revuelto sacarán ganancia de pescadores. A ellos, historias como las de Siny Sene no les conmueven. No son capaces de empatizar con su mirada transparente y con su tímida sonrisa. No podrán reconocer en este joven senegalés sin dinero, sin trabajo, sin papeles, la dignidad con la que sobrelleva la derrota. Siny tiene 28 años. Habla español, inglés y francés, además del dialecto de su tierra. En su país trabajó de monitor infantil. Hace tres años se embarcó para España, y terminó en Murcia.

Desde entonces, se ha ganado la vida con trabajos esporádicos en el campo, una de las escasas posibilidades que les queda a los subsaharianos -junto al top manta- para salir adelante. La crisis, sin embargo, le ha puesto las cosas mucho más difíciles. Conseguir un jornal es una tarea titánica, cada vez más imposible. Por eso, los inmigrantes irregulares aceptan ya cualquier cosa. No les queda más remedio. Cuando a Siny y a un grupo de compatriotas les ofrecieron recoger mandarinas en una explotación agrícola en la provincia de Alicante, no se lo pensaron dos veces. El salario: un euro por caja. En total, entre 600 y 700 euros al mes. Como suele ocurrir, no les contrató el dueño de la finca, sino un intermediario, un inmigrante boliviano llamado Víctor. «Nos intentó engañar desde el principio -cuenta Siny- nos cobraba 3 euros al día por llevarnos en furgoneta desde la gasolinera del Rollo, y nos exigió otros 50 euros por vida laboral». Un concepto difícil de entender en un contrato sin papeles de por medio, sin Seguridad Social y, en definitiva, completamente ilegal.

Sólos frente a la estafa

Siny y sus amigos le dieron portazo a Víctor. Al mes, la necesidad les hizo cambiar de idea. Buscaron al capataz y le pidieron volver a la finca. Trabajaron durante otros tres meses. En diciembre, el salario no llegó. Víctor les debía a cada uno 700 euros. «Acudimos a los servicios sociales del Ayuntamiento de Murcia. No sabíamos dónde denunciar el caso, porque a la Policía no podemos ir. Nos expulsarían de España». La indefensión de Siny es total. Los trabajadores sociales llamaron al capataz boliviano. Él les dio largas. «Les dijo que nos pagaría a la semana siguiente».
Después de eso, el móvil de Víctor dejó de dar señal. «Creemos que se ha marchado a Bolivia. Hemos buscado a su mujer, que sigue en Murcia, pero se ha cambiado de casa y también está ilocalizable». La empresa dueña de la explotación agrícola les ha dicho que pagaron a Víctor, y que no pueden hacer nada. A Siny se le han cerrado todas las puertas. Además, no ha vuelto a trabajar desde diciembre. Cada mañana acude, como hacen decenas de subsaharianos, a la gasolinera del Rollo, en Murcia, con la esperanza de que alguna furgoneta lo recoja. Pero los días se suceden sin que haya suerte. Siente que le han robado la esperanza.

Numerosas quejas

En la Asociación de Senegaleses de la Región se acumulan casos como el de Siny Sede. «Muchos vienen porque les pagan con cheques que no tienen fondos; otros cobran 15 euros por jornadas interminables de trabajo», denuncia Mady Cisse Ba, presidente de esta organización. También la asociación ecuatoriana Intiraymi, de Lorca, ha advertido esta semana de la proliferación de abusos de este tipo, protagonizados por intermediarios sin escrúpulos. Mientras, empresarios e instituciones miran para otro lado.

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